Grisaleña: ‘El gobierno canario tilda de utilidad pública la planta de gas para no negociar nada’

El ente urbanístico de conservación solicitado durante años por la Asociación de Empresarios del Goro ha sido aprobado por la corporación local. Ahora la preocupación del colectivo se centra en la instauración de una planta de Redexis Gas en la zona …

Si bien el pertenecer a la Asociación de Empresarios del Goro es optativo. Al recientemente aprobado ente urbanístico de conservación del Goro, “Goro Eco”, deben estar asociados todos los empresarios de la zona, también podrán sumarse las industrias que han permitido crecer este polígono por la parte este. Así lo ha explicado en “El Mostrador” Sebastián Grisaleña, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Goro.

Grisaleña ha aclarado que todas las empresas pertenecientes a Goro Eco pagarán una cuota en proporción a los metros cuadrados de sus instalaciones. Un proyecto que pretende que los empresarios trabajen unidos para hacer del Goro una zona industrial potente gracias a la mejora de las instalaciones de la urbanización y el aumento de seguridad en la zona. El Ayuntamiento de Telde también formará parte del nuevo ente y destinará una partida para la gestión y el mantenimiento de este polígono industrial.

Referente a que el gobierno autonómico autorizara a la empresa nacional Redexis Gas a instalar en el Goro una planta de almacenamiento para su posterior distribución del gas por toda la Isla y algunas zonas de Tenerife, Sebastián Grisaleña ha mostrado su rechazo. Además asegura que su colectivo presentará alegaciones oponiéndose a este proyecto. Primero porque nadie del Gobierno de Canarias les ha informado personalmente acerca de este proyecto de tal magnitud, y en segundo lugar porque consideran que una planta de gas y las respectivas canalizaciones para su distribución suponen un riesgo para la sociedad.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Goro explica que el Gobierno de Canarias ha señalado este proyecto como de “utilidad pública” en el BOC, una definición con la que le parece que esta institución no está por la labor de negociar nada. Grisaleña ha recordado que el informe realizado por el Cabildo de Gran Canaria era negativo. Nuestro invitado opina que existe una “guerra política” entre ambas instituciones, donde los ciudadanos son los verdaderamente afectados.

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