El Comentario – ¿Otra vez? – Ezequiel López – 02-10-2017


La noticia saltaba ayer en el Canarias 7, Gaumet Florido en su crónica de Telde en ese periódico, destacaba en titulares “PP-Ciuca gastó 258.184 euros en la finca de San Rafael”, facturas que van de once mil novecientos euros a ciento setenta y dos y sin concepto específico.

En la relación de facturas que están bajo la lupa de Más por Telde, según dice Gaumet Florido, y respecto a las que el juzgado ya ha pedido a altos funcionarios municipales que se pronuncien, se incluyen cuantías muy diversas, que oscilan entre los once mil novecientos euros la más abultada a una de ciento setenta y dos euros con 16 céntimos. Existen más y de diferentes conceptos, las hay de cuatro mil, de cinco mil, de nueve mil o de diez mil euros. Todas en un periodo comprendido entre el 30 de septiembre del 2005 y el 31 de mayo de 2007, aunque la mayoría son del 2006. Los conceptos de las facturas no pueden ser más ridículos, hablan de trabajos de acondicionamiento en la finca, claro está sin citar cuales, los que si estaban especificados eran los que se referían a los alquileres de contenedores de baños.

La finca de San Rafael fue adquirida por la Corporación formada en 2003-2007, por el partido PP y Ciuca, que según todas las crónicas y ahí está la hemeroteca, aquella adquisición fue una más de las causas que encamino a la ciudad al enterramiento económico. La finca de San Rafael fue comprada a la familia Benjumea por dos millones y medio de euros, adquiriéndola luego el Ayuntamiento, con visto bueno de expediente municipal, superando los seis millones de euros, pagándolo al intermediario en especias, con unos solares de titularidad pública. La operación San Rafael acabó en los tribunales de justicia y obligando a ambas partes, Ayuntamiento y a Iniscan a devolver las cosas a su estado original. Aunque nos parezca raro el Ayuntamiento ha recurrido hasta la última instancia al igual que la empresa para darle validez a lo que muchos llaman, “un pelotazo en toda regla”, siendo la justicia clarita, cada uno devuelva lo que no es suyo. En este caso que debiera de resolverse y si es posible indagar más allá de unas simples facturillas, hablamos de un embrollo del populismo ramplón que tuvo a la ciudad lelita perdida, y que resurge con brotes salvadores de familias necesitadas, ¡cómo nos la metieron! utilizando a las personas más vulnerables de la sociedad, las personas con discapacidad física y psíquica para lograr un negocio redondo para unos aprovechados de la política.

En el año 2012, hace ya 5 años, la jurisdicción contencioso-administrativo denegaba a ambas partes, Ayuntamiento y a la empresa Iniscan, “la declaración de imposibilidad material y legal de ejecución de sentencia, obligándoles a cumplir la sentencia anterior”. Aquí hay claro una cosa, no señalo a nadie y los puedo estar señalando a todos, la Corporación implicada, y hasta posiblemente enfangada y los actuales mandatarios tienen que poner freno a este tipo de casos donde ya la justicia lo tiene claro, se debe de llegar hasta las últimas consecuencias, no permitirles que sigan andando en lo público, aunque a veces sus votos puedan sacar unos presupuestos, ¡no vale la pena! como si con ellos no fuera la cosa, esto es inadmisible, aunque nos pueda costar algún disgusto administrativo, es preferible acatar el precio de cumplir la ley y sobreponernos, no seguir riéndoles la gracia.

El Ayuntamiento con estas acciones tira balones pa lante alegando que la finca de San Rafael se ha ido deteriorando sin remisión al igual que la casona solariega que hay en su interior, Santana Cazorla, más espabilado según algunos, con Iniscan por delante, construyó los inmuebles en las parcelas objeto del litigio, y diciendo que hay personas que han comprado y que pueden verse perjudicadas, quiere salir de rositas y santas pascuas. La Magistratura lo tiene claro, que el Ayuntamiento devuelva la finca y la casa en el estado en que la encontró y que el empresario tirajanero se enfrente a los derechos de las personas que de buena fe compraron los inmuebles que edificó, haciendo regresar las parcelas al Ayuntamiento de donde nunca debieron de moverse. A ver si con estas denuncias, de facturas pagadas a cargo del ICO pese a estar prescritas, en el juzgado de instrucción número 2 de Telde, da para seguir tirando del hilo y que el verdadero ovillo de la finca de San Rafael se pueda desenredar.

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